MALABO, 3 JUL (OCHIRANOTICIAS) – La Fiscalía General del Estado ha anunciado la apertura de un proceso judicial contra el director de la Agencia Nacional de Desarrollo de Guinea Ecuatorial (ANDEGE), Claudio Vázquez, por un presunto fraude que asciende a 431.906.580 francos CFA, relacionado con delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y la administración de fondos públicos.
Según ha Informado el Fiscal General Anatolio Nzang Nguema Mangue en una rueda de prensa, la investigación, remitida por la Gendarmería Nacional, concluye que durante aproximadamente nueve años el acusado habría retenido las cotizaciones a la Seguridad Social descontadas a los trabajadores sin ingresarlas al organismo correspondiente.
Las autoridades cifran en 300 millones de francos CFA el monto presuntamente defraudado únicamente por este concepto. El caso salió a la luz cuando varios empleados descubrieron que, pese a llevar años trabajando, no figuraban como cotizantes al intentar acceder a las prestaciones de la Seguridad Social.
La investigación también señala presuntas irregularidades en la gestión de contratos públicos. Entre ellas figura la sobrevaloración del contrato de mantenimiento de la página web institucional, cuya diferencia de precio habría generado un beneficio personal de 21.180.000 francos CFA.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que el director habría utilizado una empresa vinculada a su entorno para simular la prestación de servicios que nunca se realizaron, desviando presuntamente 28.022.000 francos CFA de fondos públicos.
Otro de los hechos investigados es el uso de recursos de ANDEGE para gastos personales, incluyendo la compra de billetes de avión y el pago de alojamientos para familiares, además de la adquisición de un vehículo de segunda mano que posteriormente habría sido vendido a la institución por un precio muy superior al de compra.
Durante la comparecencia, la Fiscalía ha afirmado que las investigaciones identifican al director como el presunto autor de los hechos y ha precisado que, hasta el momento, no se atribuye responsabilidad penal a otras personas por estos delitos.
El Ministerio Público ha recordado que el fraude a la Seguridad Social afecta directamente a los derechos de los trabajadores, al impedir que puedan acceder a prestaciones como la asistencia sanitaria, la jubilación, las pensiones de viudedad y las de orfandad.
En caso de ser declarado culpable, el acusado podría enfrentarse a penas de entre tres y diez años de prisión, además de la obligación de devolver el dinero presuntamente defraudado, junto con las multas e intereses que determine la justicia.
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