MALABO, 23 Ene (OCHIRANOTICIAS) – La Gendarmería Nacional de Guinea Ecuatorial ha iniciado una investigación para conocer el paradero de los más de 10.600 millones de FCFA invertidos por el Gobierno en la primera fase del proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT), tras detectarse diversas irregularidades en su ejecución.
La información se conoció tras una reunión celebrada este 22 de enero en el Palacio del Pueblo de Malabo, donde el Vicepresidente del país, Teodoro Nguema Obiang Mangue, se reunió con instituciones del sector, incluyendo el Primer Ministro. La reunión tenía como objetivo evaluar el progreso del proyecto, que fue implementado después del anuncio del apagón analógico global, cuando el Gobierno destinó millonarias sumas de dinero para asegurar la continuidad de las transmisiones televisivas en el país.
Sin embargo, el proyecto ha enfrentado varios problemas, como interrupciones constantes de señal y pérdidas de archivos audiovisuales, lo que ha generado una creciente presión para el pago de la obra restante. El Ejecutivo ha percibido que los resultados esperados aún no se han alcanzado, a pesar del esfuerzo financiero realizado.
Durante la reunión, el Vicepresidente mostró preocupación ante los indicios de corrupción, cobro de comisiones y posibles desvíos de fondos públicos. La empresa ejecutora del proyecto, Wayang Tecnikal, creada en Guinea Ecuatorial en 2017, ganó la licitación del proyecto solo tres meses después de su fundación, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia del proceso. La firma, que no tiene oficina en el país, ha cobrado más de 10.600 millones de FCFA por la primera fase del proyecto, que comprende la instalación de 12 centros emisores.
A pesar de las auditorías realizadas por diversas entidades, que han identificado sobre facturación de material, equipos de baja calidad y una ejecución deficiente, Wayang Tecnikal ha recibido pagos millonarios sin contar con las certificaciones de los trabajos realizados. Los informes han resaltado que los equipos instalados tienen capacidad para solo cinco canales, en lugar de los 18 previstos, y que los generadores adquiridos son de menor potencia que los especificados en el contrato.
Debido a estas irregularidades, el Gobierno ha decidido que la Gendarmería, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, inicie una investigación exhaustiva para esclarecer las dudas en torno a la ejecución de este proyecto de gran envergadura.
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