BATA, 2 JUL (OCHIRANOTICIAS) — La reciente querella presentada por la Fiscalía de Instrucción Nº 1 de Bata contra una pareja perteneciente a los Testigos Cristianos de Jehová ha reabierto un antiguo y sensible debate sobre los límites de la libertad religiosa en casos donde la vida está en juego.
Antonio Ondo Nsue y María Irene Ayetebe Nchama, residentes en el barrio Ncolombong y miembros activos de dicha confesión religiosa, han sido denunciados penalmente por su negativa a permitir una transfusión de sangre a su hijo de 16 años, Antonio Basilio Ondo, quien finalmente falleció. La decisión de los padres, basada en las enseñanzas de su fe, ha sido calificada por el Ministerio Público como una grave omisión del deber de socorro.
El incidente tuvo lugar el pasado mes de junio en el Hospital General Epitie Monanga de Bata, cuando el menor ingresó en estado crítico y los médicos recomendaron una transfusión urgente. De acuerdo con los informes judiciales, los progenitores firmaron un documento expresando su rechazo al tratamiento médico por razones de conciencia religiosa. Posteriormente, optaron por retirar al joven del hospital para acudir a métodos tradicionales, regresando solo cuando el estado de salud del adolescente se agravó irreversiblemente.
La querella invoca el artículo 514 del Código Penal, que sanciona a quienes se niegan a asistir a una persona en peligro grave, especialmente cuando no existe riesgo para el auxiliador. La Fiscalía argumenta que los padres, al anteponer sus convicciones religiosas a una intervención médica de urgencia, infringieron un deber legal que podría haber evitado la muerte del menor.
Los Testigos Cristianos de Jehová sostienen, como parte central de su doctrina, la prohibición de las transfusiones sanguíneas, a las que consideran contrarias a los principios bíblicos. Esta creencia, aunque amparada por el derecho a la libertad de religión, ha generado controversias a nivel mundial en casos donde la negativa al tratamiento ha derivado en consecuencias fatales, sobre todo cuando involucra a menores de edad.
Diversos sectores de la sociedad ecuatoguineana, incluidos profesionales médicos, juristas y líderes religiosos, han comenzado a pronunciarse sobre el caso. Algunos defienden el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores espirituales; otros insisten en que el derecho a la vida de un menor no puede estar sujeto a decisiones religiosas de terceros.
El caso, aún en fase preliminar, podría sentar un precedente legal importante en el país, obligando a las instituciones a revisar el delicado equilibrio entre derechos individuales, deberes parentales y el interés superior del niño.
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