Irregularidades en la producción de los permisos de conducir sacuden tráfico: suspenden al Director General y a varios delegados
MALABO, 10 ABR ((OCHIRANOTICIAS) – El Vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial y a su vez máximo responsable de la Seguridad y Defensa del Estado, Teodoro Nguema Obiang Mangue, ha ordenado la suspensión inmediata del Director General de Tráfico y de varios delegados regionales, tras la detección de presuntas anomalías en el ejercicio de sus funciones dentro del sistema de expedición de permisos de conducir en Guinea Ecuatorial.
El Ministro del Interior, Faustino Ndong, ha hecho un llamamiento a la colaboración de los taxistas durante las actividades relacionadas con la conferencia de países exportadores de gas, que reúne a distintas delegaciones internacionales.
De acuerdo con el informe preliminar presentado por la Gendarmería Nacional, existiría un supuesto mecanismo irregular de impresión y distribución de licencias de conducir tipo «B», mediante el uso de una imprenta privada vinculada a los responsables investigados. El documento indica que entre 2021 y 2025 no se habrían registrado datos oficiales consistentes sobre la producción, aunque se contabilizan 947 permisos emitidos entre las ciudades de Malabo y Bata.
Las pesquisas iniciales señalan que la normativa vigente establece una validez de 10 años para los permisos de conducir, aunque posteriormente se redujo a 5 años para simplificar su gestión administrativa.
El punto decisivo del proceso se habría producido en 2021, cuando la Dirección de Tráfico solicitó, a través del Ministerio del Interior, autorización al entonces primer ministro Pascual Obama Asue para emitir licencias con validez de un año, solicitud que fue aprobada. A partir de ese momento, se habría recurrido a una imprenta privada para la elaboración de los documentos, que debían ser validados y canalizados a través de la Tesorería General, aunque presuntamente nunca llegaron a registrarse oficialmente.
Según la investigación, el grupo implicado en Malabo, integrado por un delegado, una secretaria y el Director General de Tráfico, habría operado al margen del organismo oficial competente, coordinando la producción de los permisos, comprando cada unidad por unos 5.000 FCFA, y revendiendo hasta en 35.000 FCFA, con supuestos ingresos parciales al Tesoro Público y reparto interno de beneficios.
En la región continental, el esquema habría sido similar, con el delegado regional de Bata y su equipo, quienes presuntamente habrían retenido la totalidad de los ingresos, alcanzando cifras millonarias en función del volumen de expedientes tramitados.
Aunque los implicados aseguran haber realizado aportaciones al Tesoro, el Vicepresidente ha instruido a la Gendarmería Nacional y a la Tesorería General a verificar detalladamente todas las operaciones financieras para confirmar la veracidad de dichas afirmaciones.
Como medida cautelar, todos los implicados han sido apartados de sus funciones y sus salarios suspendidos mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.
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