Las palabras del silencio
Cuando una sociedad desconoce el valor de la universidad
Por: Mariano Nguema Esono Medja.
Profesor de Periodismo y Relaciones Internacionales
Cada día se me hace más evidente aquel principio que dice: «en la vida no es bueno decir de esta agua no beberé.» Ciertamente, dejé de ejercer el periodismo para dedicarme a la docencia; sin embargo, hoy siento la tentación de volver a reflexionar sobre una cuestión que me parece de vital importancia: el rol social de la UNGE.
Quiero dejar claro que no hablo como una voz autorizada de la UNGE, sino como una hierba en la selva que, aunque modesta, puede aportar algo de sentido y belleza al entorno. Esa es también mi posición al abordar esta reflexión.
Desde el inicio, si me preguntaran personalmente cuál considero que es la obra maestra del Jefe de Estado, S.E. Obiang Nguema Mbasogo, respondería sin dudar: la creación de la UNGE y, por consiguiente, de la Universidad Afroamericana de África Central. No obstante, en este artículo me centraré en la UNGE, al ser la primera universidad que vio la luz en nuestra sociedad.
Cuando el Jefe de Estado funda la UNGE, lo hace con la convicción de que nuestro país necesita un centro de enseñanza superior que responda a muchas de sus necesidades sociales, especialmente en la formación de recursos humanos. Esta visión magistral sigue siendo el fundamento sobre el que se asienta lo que reza su escudo: «La universidad de todos y de cada uno de nosotros.»
La UNGE debería ser, para todo ciudadano guineoecuatoriano, un motivo de orgullo y una institución con la que todos nos sintamos identificados. Sin embargo, a pesar de que está llamada a resolver problemas sociales y responder a las inquietudes de nuestra sociedad, tristemente se da una situación paradójica: la misma sociedad, o algunos de sus integrantes, no colaboran para que ese cometido se cumpla. En efecto, una de sus misiones se ve limitada. Me explico:
Las universidades son centros de investigación superior. Todos los días vemos rankings de las mejores universidades del mundo, valoradas justamente por sus investigaciones. Eso implica que los resultados de dichas investigaciones deben tener aplicaciones prácticas que ayuden a resolver problemas concretos. Por eso, las universidades tienen una larga tradición investigativa en todas las áreas.
Si nos centramos en el caso de nuestra universidad que, por cierto, este año 2025 cumple 30 años, es muy triste constatar que muchas personas todavía ignoran su valor social.
La falta de colaboración con la UNGE se evidencia, por ejemplo, cuando los estudiantes finalistas deben realizar trabajos de campo, especialmente en ciencias sociales, para sus Trabajos de Fin de Grado (TFG). En muchos casos, cuando un estudiante se presenta en una institución para recopilar información, incluso con una credencial oficial, recibe respuestas como:
“Esa información no te la podemos dar.”
“Es confidencial.”
“¿Para qué la necesitas?”
“¿Qué vas a hacer con ella?”
…y una larga lista de preguntas que no deberían dirigirse a un universitario acreditado.
Lamentablemente, estas respuestas provienen habitualmente de instituciones del Estado, las cuales, en lugar de poner trabas, deberían comprender que los trabajos de investigación universitaria tienen utilidad pública. Entonces, cabe preguntar: ¿por qué negamos a los estudiantes informaciones útiles que podrían ayudar a resolver cuestiones sociales?
Por ejemplo, supongamos que un estudiante realiza una investigación sobre el número de personas hospitalizadas por paludismo entre 2020 y 2023: cuántos recibieron asistencia gratuita, cuántos se curaron, cuántos presentaron cuadros graves, cuántos fallecieron, etc. Se trata de una cuestión fundamental y pública. ¿Deberíamos ocultar esta información? El propósito de una investigación es diagnosticar problemas y proponer mejoras, por tanto, no debería existir reticencia a brindar datos que permitan ese análisis.
Otro ejemplo: un estudiante de Derecho que investiga los procesos judiciales por delincuencia a nivel nacional. Digamos que desea saber cuántas personas fueron condenadas, cuántas sentencias firmes se dictaron, cuántas fueron ejecutadas, cuántas recurridas. ¿Debemos negarle esa información, siendo estudiante acreditado? ¿Acaso no son las sentencias documentos de acceso público? Algunas incluso se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
O imaginemos un estudiante de Relaciones Internacionales que acude al Ministerio de Asuntos Exteriores para obtener información sobre la organización de eventos internacionales, con el fin de estudiar el protocolo diplomático y sus implicaciones. Esta información no debería ser considerada confidencial, como muchas veces se etiqueta erróneamente en nuestras instituciones. ¿Debe ese estudiante salir sin obtener respuesta?
Y así, podríamos citar muchos más casos similares.
Lo que ocurre en nuestra sociedad no puede pasar desapercibido. Si cada año el Gobierno financia a la universidad, es precisamente para que ésta responda a las necesidades sociales. Las instituciones deberían, incluso, solicitar a la universidad información sobre investigaciones que afecten a sus respectivos sectores, con el fin de conocer las recomendaciones planteadas y mejorar sus prácticas. Eso se llama colaboración interinstitucional.
Da pena ver que muchas personas que envían a sus hijos a estudiar a la UNGE ni siquiera conocen el valor de las carreras que cursan. Y cuando alguien pregunta: “¿Cuánto dinero genera realmente la UNGE para que se le asigne tanto presupuesto?”, queda claro que no se ha comprendido la visión del Jefe de Estado al crearla.
Mientras se siga desconociendo el valor social de la UNGE, mientras no exista esa colaboración institucional tan necesaria, los académicos seguiremos padeciendo de migrañas.
