Un abogado en el programa televisivo «A Fondo» destapa que el silencio administrativo vulnera el derecho a la información de los ciudadanos

MALABO, 14 NOV (OCHIRANOTICIAS) – El abogado de libre ejercicio Martin Ángel Edu Envo Anguesomo, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial, alertó este jueves en el programa A Fondo de TVGE sobre el persistente problema del silencio administrativo en las instituciones públicas del país.
El letrado, que intervino en directo a primeras horas de la mañana desde los estudios de TVGE, exhortó a los responsables de la administración pública a permanecer en sus puestos de trabajo y a cumplir rigurosamente los plazos de tramitación de expedientes, con el propósito de evitar retrasos injustificados que afectan diariamente a los ciudadanos.
Durante su participación, Edu Envo Anguesomo explicó que la principal queja de los usuarios se centra en la demora extrema en la contestación de documentos y solicitudes.
“Muchos ciudadanos incluso llegan a olvidarse de que han sometido un escrito, porque rara vez obtienen una respuesta, salvo que recurran a un supuesto plan B”, lamentó el abogado.

El jurista recordó que la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 40, obliga a los responsables públicos a resolver todos los escritos que reciban, impidiendo que los expedientes queden paralizados sin justificación. Añadió también que las normas internas de cada ministerio deben fijar los plazos máximos de resolución y que, en caso de no estar definidos, se aplica el límite general de tres meses, según establece el punto 3 del mismo artículo.
Edu Envo Anguesomo subrayó que la falta de respuesta por parte de la administración vulnera el derecho a la información de los ciudadanos, un derecho expresamente protegido por la ley. Además, advirtió que esta inactividad puede generar responsabilidades legales para la administración, incluida la obligación de indemnizar a los afectados por los daños causados.
La intervención del abogado ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar la eficiencia, la transparencia y el estricto cumplimiento de los plazos administrativos en Guinea Ecuatorial, un reclamo que, según puntualizó, no es solo jurídico, sino profundamente social.
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