Corrupción y confianza pública: una herida que sigue «abierta» en Guinea Ecuatorial
Por: Roke Federico Mañana Bindang
La corrupción se puede definir como «toda violación o acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionado por la acción u omisión de los deberes institucionales de quien debía procurar la realización de los fines de la Administración pública y que, en su lugar, los impide, retarda o dificulta». Según se ha podido constatar durante la investigación, este fenómeno tiene su origen en las primeras civilizaciones.
En los últimos años, el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien dirige el país desde 1979, ha mostrado su indignación y preocupación, en diferentes discursos y escenarios políticos, por la proliferación de la corrupción «sistemática», instrumentalizada por algunas «élites» en el seno de la Administración de las instituciones públicas y paraestatales de su Gobierno.
Sin duda, más allá de la cárcel, la apropiación ilícita o la malversación de fondos del Estado, formas de corrupción, se han convertido ya en el «antídoto» que debilita y mata la visión política del Gobierno que preside Teodoro Obiang Nguema Mbasogo sobre el desarrollo sostenible de la nación. La corrupción ha dejado de ser un susurro de pasillos para convertirse en una herida muy «abierta» en nuestra sociedad.
«La corrupción es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo nacional y un “cáncer” social», reconoció el propio presidente Obiang Nguema en uno de sus discursos. «Los miembros del Gobierno deben actuar con absoluta transparencia y perseguir la corrupción», añadió.
Pese a ese mensaje tan reiterativo y a las medidas adoptadas por el Ejecutivo para mitigar el impacto de la corrupción en el seno de la Administración pública, sigue siendo muy frecuente escuchar y leer en los titulares de los medios de comunicación nacionales, como TVGE y Asonga, que «la Gendarmería está investigando un supuesto fraude de mil millones en tal institución». Pero la pregunta incómoda y, a la vez, curiosa es: ¿por qué hemos de tolerar que unos pocos arranquen de raíz el bienestar de toda una nación?
Esa pregunta nos invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de diseñar, implementar y adoptar con urgencia otros mecanismos de control en el seno de la Administración de las instituciones públicas y paraestatales, con el fin de mitigar el impacto de ese enemigo «invisible», la corrupción, que ha robado y desgastado el futuro de miles de jóvenes, la estabilidad económica, la confianza pública, la paz y el bienestar de la población.
La malversación de fondos públicos debe ser castigada con severidad por las autoridades e instituciones competentes. Los corruptores son asesinos «silenciosos». Por lo tanto, no solo deben permanecer en la cárcel de Black Beach, alimentándose del dinero de los impuestos de las personas que honestamente sirven al Estado, sino que también podrían cumplir sus condenas trabajando en proyectos sociales del Gobierno, sin ninguna retribución, como una nueva medida para frenar este fenómeno, que ya puedo catalogar como una «lacra» social.
Debemos entender que la corrupción no solo roba dinero; también roba confianza pública en los Gobiernos, futuro, educación, salud, etc. Hoy, cuando se desvían fondos públicos, los resultados se pueden observar en hospitales sin medicamentos, proyectos inacabados, escuelas sin libros e infraestructuras sin mantenimiento, entre otras consecuencias. Además, la corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales, como el vandalismo, la trata de personas, el terrorismo, etc.
La corrupción debe ser castigada con transparencia. Lo que no debe ocurrir después de estos hechos es que la ciudadanía se quede con la sensación de impunidad y desesperanza respecto al presente y al futuro de nuestra democracia. Es mucho lo que está en juego, porque ese daño no solo afecta al Gobierno, sino también a los valores básicos de la sociedad.
